Presentación.
La protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, son mandatos que la ley otorga a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; supervisar el respeto a los derechos humanos dentro del sistema penitenciario del país, es también una de sus destacadas atribuciones.
Dicha supervisión se ejerce, de manera permanente, a través de las visitas periódicas realizadas a los centros federales de reclusión, la atención individualizada de quejas que se presentan ante este organismo autónomo, las visitas que se realizan a los centros de reclusión, detención e internamiento de personas en calidad de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, así como las que se llevan a cabo con motivo del levantamiento del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP), que durante los últimos años ha efectuado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con la colaboración de los organismos públicos de derechos humanos en los diversos estados del país, y coordinando su elaboración.
El DNSP es un instrumento de evaluación que permite analizar la situación que impera en el sistema penitenciario nacional, relacionado con las condiciones de estancia e internamiento de las personas en reclusión, con perspectiva del respeto a los derechos humanos, el cual se ha convertido en un indicador importante que refleja la situación que prevalece en tales lugares. Es también una herramienta de consulta para las autoridades penitenciarias, académicos e investigadores interesados en la materia, que se realiza a través de la aplicación de la Guía Nacional de Supervisión Penitenciaria.
El ejercicio consiste en calificar en escala del 0 al 10 una gama de indicadores y sub indicadores que representan las condiciones mínimas que deben existir en una prisión, de acuerdo con nuestra Constitución Federal y las leyes, principios, instrumentos, acuerdos, convenciones y tratados, nacionales e internacionales suscritos por México, que contienen referencias sobre el tratamiento de las personas privadas de la libertad y sus condiciones de internamiento, a efecto de procurar una estancia digna y segura, y tratar de lograr su reinserción, tal como lo señala el párrafo segundo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Estos indicadores y sub indicadores se agrupan en 5 rubros que tienen que ver con aspectos que garantizan (1) la integridad física y moral del interno; (2) con aquellas relacionadas con una estancia digna; (3) con cuestiones referentes a las condiciones de gobernabilidad de los centros; (4) con la reinserción social del interno, que a su vez abarca el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, y (5) la atención a grupos vulnerables (mujeres, adultos mayores, indígenas, personas con discapacidad, enfermos con VIH/sida y personas con preferencias sexuales distintas).
En el marco de las trascendentales reformas constitucionales de 2011, la protección y respeto de los derechos de las personas que se encuentran recluidas en los establecimientos penitenciarios de detención y centros de tratamiento ha adquirido una especial relevancia para este organismo nacional.
Así, se han incorporado nuevos elementos al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, los cuales robustecen su metodología a través de indicadores y sub indicadores clasificados en los rubros mencionados contenidos en tres instrumentos que permiten una mejor evaluación de temas de interés prioritario, así como, la implementación de un sistema automatizado para el procesamiento de datos que convertirá las respuestas contenidas en dichos instrumentos en calificaciones numéricas, las cuales reflejan con mayor precisión la situación que impera en los centros evaluados y por último, la coordinación y participación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en todas sus etapas.
Ahora bien, para llevar a cabo el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2011, se establece un criterio que consistió en un muestreo de los 100 establecimientos penitenciarios más poblados del país, que incluyen centros varoniles, mixtos y de mujeres en las 32 entidades federativas, y cuya población total asciende a 161, 823 internos, lo que representó al momento de levantarse la muestra, el 75.10 % de la población total penitenciaria.
|
